Corrupción en los negocios: responsabilidad penal y procedimientos anticorrupción

Corrupción en los negocios: responsabilidad penal y procedimientos anticorrupción

La corrupción en los negocios es el abuso de un cargo, función o influencia a cambio de un beneficio económico o personal. En el entorno empresarial, abarca tanto las relaciones con el sector público como con el privado, y sus consecuencias van más allá de la responsabilidad individual. El riesgo también afecta a la sociedad mercantil, al equipo directivo, a la reputación de la marca, a las relaciones con los socios comerciales y a las obligaciones de compliance. Desde la perspectiva del Derecho penal, no solo importan los casos clásicos de entrega de dinero, sino también los regalos, las comisiones, los contratos ficticios, la contratación “a cambio de”, la financiación de viajes o la intermediación a través de terceros [1][2].

Corrupción en los negocios: qué conductas están penalizadas

En el Derecho polaco, la corrupción no constituye un único tipo de delito. La responsabilidad penal se deriva de varias disposiciones del Código Penal, según quién reciba o entregue el beneficio y en qué contexto se produzca la conducta.

Las categorías más analizadas son:

• la corrupción de funcionarios públicos, es decir, el cohecho pasivo y activo de personas que desempeñan una función pública: arts. 228 y 229 del Código Penal [1],
• la corrupción entre particulares en el tráfico económico: art. 296a del Código Penal [1],
• el tráfico de influencias: arts. 230 y 230a del Código Penal [1],
• el abuso de poder o el incumplimiento de deberes por parte de un funcionario público: art. 231 del Código Penal [1],
• el blanqueo de capitales, cuando los beneficios procedentes de un acto de corrupción se ocultan o legalizan posteriormente: art. 299 del Código Penal [1].

En la práctica empresarial, reviste especial importancia el art. 296a del Código Penal, a menudo denominado soborno en el Código Penal en el tráfico económico. Esta disposición se refiere a la persona que desempeña una función directiva en una entidad organizativa o que mantiene con ella una relación laboral, un contrato de prestación de servicios o una relación similar, y que exige o acepta un beneficio a cambio de abusar de sus facultades o incumplir sus obligaciones, pudiendo causar a dicha entidad un perjuicio patrimonial o constituir un acto de competencia desleal o una actuación preferencial no permitida [1].

Sanciones por corrupción: qué pena afronta el autor y cuáles son las consecuencias para la empresa

La búsqueda “pena por corrupción” suele aparecer en el contexto de la amenaza de pena de prisión. El alcance de la responsabilidad depende de la calificación jurídica del hecho, del valor del beneficio, del modo de actuar y del papel de la persona concreta. Por ejemplo, el cohecho pasivo y activo de funcionarios públicos puede castigarse con pena de prisión, con sanciones más severas en los casos relacionados con la infracción de la ley o con beneficios de valor considerable [1]. Asimismo, el art. 296a del Código Penal prevé responsabilidad penal tanto para quien acepta como para quien entrega el beneficio.

Sin embargo, para la organización las consecuencias son más amplias que una condena impuesta a un empleado o directivo. Entre las consecuencias habituales se encuentran:

• procedimientos penales contra miembros del consejo de administración, directores, empleados o intermediarios,
• riesgo de responsabilidad de la persona jurídica en los términos establecidos en una ley específica [3],
• exclusión de procedimientos de contratación pública en los supuestos previstos por la normativa de contratación pública [4],
• necesidad de informar sobre incumplimientos, medidas correctoras y controles internos,
• daños reputacionales y conflictos con socios comerciales e inversores.

En este tipo de asuntos también es esencial la prueba. Las autoridades analizan los flujos financieros, la comunicación electrónica, los contratos de consultoría, las relaciones con agentes comerciales y el desarrollo de los procesos de compra. Una estructura de remuneración aparentemente lícita no elimina el riesgo si el objetivo real de la prestación era obtener una ventaja indebida.

Corrupción de funcionarios públicos y corrupción en el sector privado

La corrupción de funcionarios públicos afecta a las relaciones con una persona que desempeña una función pública. No se limita a los funcionarios de la Administración, sino que también incluye a otras personas indicadas por la ley, en función del cargo desempeñado y de su estatus jurídico [1]. En el ámbito empresarial, el riesgo surge, entre otros supuestos, al obtener resoluciones administrativas, concesiones, licencias, autorizaciones, inspecciones, contratos públicos y en los contactos con entidades estatales.

Por su parte, la corrupción en el sector privado suele estar relacionada con procesos de compra, selección de proveedores, favorecimiento de un determinado contratista, revelación de información confidencial o conflictos de intereses. En estos casos, la infracción puede no ser visible a primera vista, ya que a veces se oculta bajo la apariencia de bonus, servicios de consultoría o “success fee”. Por ello, el mero hecho de que el pago figure en la documentación contable no determina por sí solo su legalidad.

Compliance anticorrupción: cómo reducir el riesgo

Un compliance anticorrupción eficaz no consiste en adoptar un único documento. Lo relevante es el conjunto de soluciones organizativas, de control y de formación, adaptadas al tamaño de la actividad, al sector y a los mercados en los que opera la empresa. En la práctica, lo importante es si los procedimientos están implantados, si los empleados los conocen y si realmente se aplican.

El estándar mínimo debería incluir:

• evaluación del riesgo de corrupción por áreas de actividad,
• política de regalos, hospitalidad y financiación de viajes,
• normas de colaboración con intermediarios, agentes y consultores,
• verificación de socios comerciales y titulares reales,
• reglas para declarar conflictos de intereses,
• canales de denuncia y procedimientos de investigación interna,
• formación para el consejo de administración, ventas, compras, RR. HH. y áreas operativas,
• control de la documentación, de las liquidaciones y de la aprobación de pagos no estándar.

Un sistema bien diseñado también debe incluir AML, normas de autorización de pagos y monitorización de transacciones atípicas. En muchos casos, precisamente la brecha entre el procedimiento formal y el proceso operativo real se convierte en la principal fuente de responsabilidad.

Qué hacer tras detectar una sospecha de corrupción

La sospecha de corrupción exige una reacción rápida, pero ordenada. El primer paso debe ser asegurar los datos y los documentos para evitar su pérdida o modificación. A continuación, es necesario realizar una evaluación preliminar del riesgo: si el asunto puede tener carácter aislado o si apunta a un mecanismo más amplio que afecte a más personas o procesos.

En la práctica, se recomiendan las siguientes actuaciones:

1. asegurar la correspondencia, los contratos, los registros del sistema y los datos financieros,
2. limitar temporalmente el acceso a procesos o sistemas a las personas afectadas por la investigación interna,
3. realizar una auditoría forense respetando la legalidad de las actuaciones del empleador,
4. evaluar las obligaciones de notificación y el riesgo procesal,
5. implantar medidas correctoras y actualizar los procedimientos.

Cada caso requiere un análisis independiente. Son relevantes el alcance de las facultades de la persona implicada, el estatus del socio comercial, el tipo de beneficio y el impacto del hecho en el interés de la sociedad. Este material tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico.

En una situación que requiera evaluar el riesgo penal, reputacional u organizativo, conviene encargar el análisis a abogados especializados en asuntos empresariales y compliance, utilizando la información disponible en la web de KKZ.

FAQ

¿Todo regalo a un socio comercial implica corrupción?

No. Deben valorarse la finalidad, el importe, las circunstancias y su relación con una decisión empresarial o administrativa. Una atención de cortesía de escaso valor, transparente y conforme con la política de la organización no tiene por qué constituir un delito, aunque el límite puede ser difuso y depende de los hechos concretos.

¿Cómo diferenciar la corrupción de un success fee permitido?

La cuestión clave es por qué se paga realmente la remuneración. Si el pago constituye una retribución encubierta por una influencia ilícita sobre una decisión o por un trato preferente, el riesgo de responsabilidad penal es elevado.

¿Puede la empresa responder por las actuaciones de un intermediario comercial?

Sí, el riesgo es real tanto a nivel penal para las personas implicadas como en el plano de la responsabilidad organizativa y reputacional de la empresa. Por ello, es imprescindible verificar a los intermediarios y controlar su modelo de remuneración.

¿En qué consiste la corrupción de funcionarios públicos?

Consiste en aceptar o entregar un beneficio económico o personal en relación con el ejercicio de una función pública. Las situaciones típicas se refieren a resoluciones administrativas, inspecciones, concesiones, contratación pública y otros actos oficiales.

¿Puede una denuncia anónima servir de base para una auditoría interna?

Sí. Una denuncia anónima puede justificar actuaciones de investigación, siempre que se lleven a cabo de conformidad con la legislación laboral, las normas de protección de datos y los procedimientos internos de la organización.

¿Qué departamentos de la empresa deben estar cubiertos por un procedimiento anticorrupción?

No solo la dirección y el departamento jurídico. El riesgo elevado suele afectar a ventas, compras, logística, inversiones, RR. HH., relaciones con la Administración pública, así como a las personas que aprueban pagos y seleccionan proveedores.

Bibliografía

[1] Ley de 6 de junio de 1997: Código Penal de Polonia, Diario de Leyes de 1997, n.º 88, partida 553, con sus modificaciones posteriores.

[2] Ley de 23 de abril de 1964: Código Civil de Polonia, Diario de Leyes de 1964, n.º 16, partida 93, con sus modificaciones posteriores, en lo relativo a los efectos de los actos jurídicos y a la responsabilidad por daños, según las circunstancias del caso.

[3] Ley de 28 de octubre de 2002 sobre la responsabilidad de las entidades colectivas por actos prohibidos sancionados con pena, Diario de Leyes de 2002, n.º 197, partida 1661, con sus modificaciones posteriores.

[4] Ley de 11 de septiembre de 2019: Ley de Contratación Pública, Diario de Leyes de 2019, partida 2019, con sus modificaciones posteriores.

[5] Oficina Central Anticorrupción, materiales informativos sobre prevención de la corrupción, portal oficial de la CBA.

Autor: abogado Maciej Zaborowski, socio director

Correo electrónico: m.zaborowski@kkz.com.pl

tel.: +48 22 501 56 10

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