Responsabilidad penal de los miembros del consejo de administración: cómo protegerse eficazmente

Responsabilidad penal de los miembros del consejo de administración: cómo protegerse eficazmente

La responsabilidad penal de los miembros del consejo de administración implica el riesgo de asumir las consecuencias previstas por la legislación penal por acciones u omisiones relacionadas con la gestión de la sociedad, la representación de sus intereses o la supervisión de las áreas encomendadas a un determinado directivo. En la práctica, no se trata solo de conductas dolosas, sino también de supuestos de incumplimiento de obligaciones, falta de control, tolerancia de irregularidades o circulación deficiente de la información dentro de la organización.

Para quienes ejercen funciones directivas, es fundamental tener en cuenta que la responsabilidad penal del consejo de administración puede surgir con independencia de la responsabilidad civil o societaria. Una absolución en un litigio mercantil no elimina automáticamente el riesgo penal. Del mismo modo, actuar en interés de la sociedad no excluye por sí solo la responsabilidad si se han vulnerado obligaciones legales o se ha expuesto el patrimonio social a un perjuicio relevante.

Responsabilidad penal del consejo de administración: de dónde surge el riesgo

Las fuentes de riesgo más habituales derivan de la combinación de tres factores:

• la dispersión de responsabilidades dentro de la estructura organizativa,
• la falta de supervisión real sobre los procesos financieros, laborales y comerciales,
• la ausencia de documentación de las decisiones y de sus fundamentos.

La responsabilidad de los miembros del consejo de administración suele valorarse a la luz del ámbito concreto de competencias, pero las autoridades también analizan la influencia real de cada persona en la toma de decisiones. La distribución formal de funciones no siempre basta si, en la práctica, el miembro del consejo conocía las irregularidades o debía haberlas detectado.

En los asuntos relacionados con la delincuencia económica, resultan especialmente relevantes los mecanismos de decisión, el circuito de autorizaciones, los procedimientos de aprobación de gastos, las políticas de compras, la supervisión de la contabilidad y las relaciones con entidades vinculadas. Desde la perspectiva del riesgo penal, importa no solo el contenido de los documentos, sino también si realmente se aplicaban. Puede encontrar más información sobre la práctica en este tipo de procedimientos en el ámbito de white collar crime.

Artículo 296 del Código Penal polaco: disposición clave para los directivos

Una de las normas más analizadas en los casos que afectan a directivos es el artículo 296 del Código Penal polaco, es decir, el art. 296 del Código Penal [1]. Esta disposición se refiere a la persona obligada, en virtud de una norma legal, una decisión de la autoridad competente o un contrato, a gestionar asuntos patrimoniales o la actividad económica de una entidad. La responsabilidad puede surgir, entre otros supuestos, cuando, por abuso de las facultades concedidas o incumplimiento de un deber, se cause un perjuicio patrimonial significativo.

Desde el punto de vista del consejo de administración, hay cuatro elementos esenciales:

1. la existencia del deber de gestionar asuntos patrimoniales o económicos,
2. el abuso de facultades o el incumplimiento de obligaciones,
3. la producción del daño o la exposición directa al peligro de causarlo, según el tipo penal de que se trate,
4. la relación entre la conducta y el resultado.

La responsabilidad penal del presidente de la sociedad en el marco del artículo 296 del Código Penal polaco suele analizarse de forma más amplia que la de los demás miembros del consejo de administración, ya que el presidente normalmente ejerce la mayor influencia sobre las decisiones estratégicas, la circulación de la información y la supervisión de la ejecución de los acuerdos. Sin embargo, ello no implica automatismo alguno. Cada valoración depende de los hechos del caso, de la distribución real de competencias y del material probatorio.

Responsabilidad de los miembros del consejo de administración: situaciones típicas de riesgo

En la práctica, los procedimientos penales surgen con mayor frecuencia en situaciones como las siguientes:

• la celebración de contratos desventajosos sin un análisis adecuado del riesgo,
• la transferencia de fondos a entidades vinculadas sin justificación de mercado,
• la llevanza irregular de la documentación financiera o la tolerancia de liquidaciones ficticias,
• la falta de reacción ante señales de abusos laborales, corrupción o irregularidades en compras,
• la ocultación de la situación financiera real de la sociedad a socios, acreedores o instituciones,
• actuaciones en el límite del conflicto de intereses.

Conviene recordar que la responsabilidad penal del consejo de administración también puede examinarse de forma paralela con arreglo a otras disposiciones del Código Penal, del Código de Sociedades Mercantiles, de la normativa tributaria, de la Ley de Contabilidad o de las normas de prevención del blanqueo de capitales, según la naturaleza del caso [2][3][4][5].

Cómo limitar eficazmente la responsabilidad penal del consejo de administración

Una protección eficaz no consiste únicamente en incluir procedimientos en un reglamento interno. Lo importante es poder demostrar que el consejo de administración actuó con diligencia, previó los riesgos e implantó mecanismos de control adecuados a la dimensión de la actividad.

1. Reparto preciso de competencias

El alcance de la responsabilidad debe resultar de los acuerdos, reglamentos y de la práctica real. La falta de una asignación clara de áreas facilita posteriormente la formulación de cargos contra todos los miembros del consejo de administración.

2. Documentación rigurosa de las decisiones

Las actas, notas de decisión, análisis de riesgos, informes jurídicos y financieros pueden tener una importancia probatoria decisiva. En los asuntos penales, la falta de documentación suele perjudicar al directivo.

3. Procedimientos de compliance y canales de denuncia

Un sistema de cumplimiento normativo bien implantado permite demostrar que la organización adoptó medidas preventivas reales. Esto resulta especialmente relevante en ámbitos como AML, la lucha contra la corrupción, los conflictos de intereses, los regalos y las relaciones con intermediarios.

4. Auditorías e investigaciones internas

Si aparece una señal de irregularidades, la reacción debe ser rápida y quedar documentada. La inacción tras recibir información sobre un riesgo puede aumentar la responsabilidad de los miembros del consejo de administración.

5. Formación para el equipo directivo

El conocimiento de las obligaciones legales y de los riesgos penales reduce el número de decisiones adoptadas de forma intuitiva. Esto es especialmente importante en los consejos de administración de sociedades en rápido crecimiento o que operan en sectores regulados.

Responsabilidad del presidente de la sociedad y responsabilidad del conjunto del consejo de administración

En la práctica investigadora, con frecuencia surge la pregunta de si la responsabilidad corresponde exclusivamente al presidente o a todo el consejo de administración. La respuesta depende de quién adoptó la decisión, quién conocía el riesgo y quién estaba obligado a actuar. La mera pertenencia al consejo de administración no determina todavía la culpabilidad, pero la aceptación pasiva de irregularidades puede valorarse negativamente.

Por ello, la responsabilidad penal del presidente de la sociedad no excluye la responsabilidad paralela de otros miembros del consejo de administración, directores financieros, apoderados o personas que de hecho gestionaban un área concreta. En este tipo de asuntos, es esencial analizar con rapidez la circulación de la información, las facultades de firma y el proceso real de toma de decisiones. Puede consultar un análisis más amplio de esta cuestión en el material: responsabilidad penal de los miembros del consejo de administración de sociedades: cómo protegerse eficazmente frente al riesgo.

Qué hacer cuando el riesgo ya ha aparecido

Si en la sociedad se ha producido un incidente, una liquidación irregular, una denuncia ante la fiscalía o una inspección por parte de las autoridades, las primeras medidas deben incluir la preservación de los documentos, la reconstrucción de la cronología de los hechos y la evaluación de los riesgos procesales. Las explicaciones improvisadas y sin análisis previo suelen empeorar la situación.

En los asuntos relativos a la responsabilidad de directivos, la estrategia de defensa es clave ya en la fase de auditoría interna, de declaraciones y de contacto con las autoridades. Este material tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento jurídico.

Si necesita evaluar una situación concreta, los riesgos vinculados al artículo 296 del Código Penal polaco o preparar medidas de protección frente a la responsabilidad de los miembros del consejo de administración, conviene encargar el análisis al equipo de KKZ a través de https://www.kkz.com.pl/.

Preguntas frecuentes

¿Todo error empresarial implica responsabilidad penal del consejo de administración?

No. La responsabilidad penal exige que concurran los presupuestos legales, incluida una determinada acción u omisión y, según la disposición aplicable, un resultado o la exposición al riesgo de dicho resultado. Una decisión empresarial desacertada no tiene por qué constituir, por sí sola, un delito.

¿El artículo 296 del Código Penal polaco se aplica solo al presidente del consejo de administración?

No. El artículo 296 del Código Penal polaco puede aplicarse a cualquier persona obligada a ocuparse de asuntos patrimoniales o de la actividad económica de una entidad, siempre que se cumplan los requisitos legales de responsabilidad.

¿Cómo limitar en la práctica la responsabilidad de los miembros del consejo de administración?

Lo más importante es contar con un reparto claro de competencias, documentar las decisiones, implantar procedimientos reales de compliance, reaccionar con rapidez ante señales de irregularidades y realizar auditorías periódicas.

¿Delegar tareas excluye la responsabilidad del presidente de la sociedad?

No siempre. La delegación puede limitar el alcance de la responsabilidad, pero no exime automáticamente del deber de supervisión, especialmente cuando el presidente conocía el riesgo o ignoró señales de advertencia.

¿La falta de procedimientos de compliance aumenta el riesgo penal?

Sí. La mera ausencia de procedimientos no genera automáticamente responsabilidad penal, pero puede dificultar la acreditación de la diligencia debida y debilitar la línea de defensa en caso de procedimiento.

¿Cuándo conviene recurrir a un abogado?

Preferiblemente antes incluso de que se produzca un incidente, en la fase de diseño de procedimientos y de reparto de responsabilidades. La asistencia inmediata es especialmente importante tras detectarse irregularidades, una inspección o la apertura de un procedimiento.

Bibliografía

[1] Ley de 6 de junio de 1997 - Código Penal, Diario Oficial de 1997, n.º 88, partida 553, con sus modificaciones.

[2] Ley de 15 de septiembre de 2000 - Código de Sociedades Mercantiles, Diario Oficial de 2000, n.º 94, partida 1037, con sus modificaciones.

[3] Ley de 29 de septiembre de 1994 de Contabilidad, Diario Oficial de 1994, n.º 121, partida 591, con sus modificaciones.

[4] Ley de 1 de marzo de 2018 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, Diario Oficial de 2018, partida 723, con sus modificaciones.

[5] Ley de 6 de junio de 1997 - Código Procesal Penal, Diario Oficial de 1997, n.º 89, partida 555, con sus modificaciones.

Autor: abogado Maciej Zaborowski, socio director

Correo electrónico: m.zaborowski@kkz.com.pl

tel.: +48 22 501 56 10

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